**Las reformas legales endurecen las sanciones por violencia sexual, especialmente cuando se comete contra menores de edad.
Las Comisiones unidas del Congreso local
aprobaron sancionar con hasta 16 años y 800 Unidades de Medida de Actualización
(UMA), equivalente a 90 mil 515 pesos, a quien, haciendo uso de tecnologías de
la información y la comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o
de mensajería, pretenda o logre concertar un encuentro o acercamiento físico
con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material
audiovisual con contenido explícito.
Los legisladores aprobaron ampliar las
facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a
fin de fortalecer la protección legal de los sectores más vulnerables ante la
creciente violencia a través de tecnologías digitales.
La reforma fue aprobada por unanimidad en las
comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII
Legislatura mexiquense.
La iniciativa, presentada por el diputado
Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, contempla:
- Sanciones de hasta 8 años de prisión y multas de 45 mil 256 pesos para delitos sexuales cometidos por cualquier medio.
- Incremento al doble de estas penas, es decir, hasta 16 años de prisión y multas equivalentes a 90 mil 515 pesos, cuando el delito se cometa contra menores de edad o personas con discapacidad para comprender los hechos.
- Aplicación de la ley sin importar la existencia de coacción o amenazas, garantizando así una protección integral.
Estas disposiciones buscan cubrir un vacío
legal respecto al uso de tecnologías de la información para cometer delitos
sexuales, incluyendo la concertación de encuentros o la obtención de material
audiovisual con contenido explícito.
Además de las sanciones, la reforma otorga nuevas atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal. Estas facultades incluyen:
- Participación activa en la valoración del perdón legal cuando las víctimas son menores.
- Coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia para aplicar medidas de protección inmediatas y evitar la revictimización.
- Obligación para las instituciones de salud de brindar atención prioritaria e informar a la Procuraduría y al Ministerio Público en casos de violencia contra menores.
- Fortalecimiento de la atención psicosocial, jurídica y médica para garantizar la reparación integral del daño.
Con estas atribuciones se busca que la protección y
los derechos de la niñez sean prioridad en todas las acciones legales y
administrativas.
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